La controversia Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el candidato presidencial Gustavo Petro. foto: Web. Radio Caracol.

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La controversia entre el Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el candidato presidencial Gustavo Petro sobre la necesidad de que una congregación con fines políticos tuviera o no permiso del gobierno local es más importante de lo que parece. Lo que está en juego es el ejercicio del derecho de reunión, que normalmente se ejerce legítimamente contra el gobierno que, según la teoría de ‘Fico’, tendría que dar el permiso. No, ni ahora ni antes hay que pedirle permiso a nadie para hacer manifestaciones políticas.

La confusión de ‘Fico’ es más o menos generalizada, la tienen incluso los que organizan las reuniones que piden los permisos e invocan, como lo hizo el Alcalde, normas que se aplican para la realización de espectáculos públicos. Algunas de las exigencias de Gutiérrez parecían titulares del portal Actualidad Panamericana: pedían la constancia del pago de Sayco, por si en el discurso a alguien le “cantaban la tabla”.

La Constitución consagra el derecho de reunión como un derecho fundamental y reserva a la ley, no a los reglamentos locales, las limitaciones razonables que se puedan establecer para su ejercicio.

En abril del año pasado la Corte Constitucional (Sentencia C 223) declaró inconstitucional la regulación que en esta materia adoptó el nuevo Código de Policía porque a su juicio ha debido adoptarse mediante una ley estatutaria, pero además fijó las reglas con base en las cuales debería adoptarse la reglamentación en el futuro y señaló cuatro que resultan muy relevantes para entender quién tenía la razón entre el alcalde y Petro:

1. Las recomendaciones para la preparación de las reuniones “no significa que, en caso de no darse alguna de estas reglas, el Estado no puede negar o impedir la reunión, manifestación o protesta

2. La obligación de obtener una autorización previa para la realización de una manifestación es inconstitucional “pues ello implicaría, por una parte, que la autoridad pública gozaría de un margen de discrecionalidad para permitir o restringir ciertos temas y, por otra parte, que dicho ejercicio podría significar un acto de .

3. Es posible, como lo hace la legislación colombiana, establecer un aviso previo que, sin embargo, “no puede constituir un requisito sine qua non para el ejercicio del derecho”. La obligación de avisar no implica “autorización previa implícita”.

4. Los manifestantes tienen el derecho de elegir el espacio público donde quieren expresar sus ideas, y las autoridades tienen la obligación de establecer las medidas posibles tendientes a garantizar los lugares donde se llevará a cabo la manifestación pública.

La jurisprudencia es, pues, no solo suficientemente clara, sino enfática en afirmar que las autoridades administrativas no pueden prohibir, ni limitar, ni condicionar el ejercicio del derecho de reunión de los ciudadanos.

Imagino que el Alcalde actuó como actuó por la ignorancia de la ley, o por una preconcepción autoritaria que caracteriza su Alcaldía: “es que la gente no puede hacer lo que le da la gana”; y confío en que no lo haya hecho motivado por la discriminación política.

Pero, como dije, la creencia de que hay que pedir permiso para realizar una reunión en el espacio público es generalizada y por eso éste caso es importante para que quede suficientemente claro que, como dijo Petro en su trino desafiante, las manifestaciones se pueden realizar “con permiso o sin permiso”.

Hay que decirle al Alcalde que, como lo señala la cuarta regla que mencioné, tomada de la sentencia de la Corte Constitucional, no hay diferencia sustancial si se trata de vías públicas o de parques o plazas. Algunos se escandalizarán, pero sí: las personas tienen derecho a expresarse en las vías así eso signifique el cierre temporal del tránsito de personas por la vía.

Lo otro que es importante señalar es que en este caso el tamaño no importa. No es que si la manifestación es grande hay que pedir permiso. Los convocantes de una manifestación no pueden saber si van a llegar 500 o 50.000 personas. Ese cálculo lo debe hacer la autoridad para tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los asistentes a la reunión y, por supuesto, de las demás personas.

Otra cosa completamente diferente es la realización de un espectáculo público. En ese caso no están implicados derechos de contenido político como la libertad de expresión u otros similares. Para la realización de un espectáculo la ley puede establecer condiciones, y en todos los casos, el deber de protección y garantía de seguridad se traslada a los organizadores, es decir, exactamente todo lo contrario de las manifestaciones políticas o de otro tipo.

Sorpresivamente, esta campaña se ha volcado sobre las plazas. Cuando se suponía que la política se hacía en las redes sociales y que los discursos “veintejulieros” estaban llamados a recoger, la competencia ha sido en estas semanas por quién muestra la manifestación más grande, lo cual es –sin duda- un aspecto positivo de la campaña. Por eso es tan importante romper el mito del “permiso” para la marcha o la manifestación, del que ya había sido víctima Fajardo en un municipio de Antioquia.

Fico, en su estilo pendenciero, le trinó a Petro: “si así es como candidato”; en realidad cabría escribir: “si ignora tanto como alcalde…”.

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